Por Jorge Cancino – @cancino_jorge.

Un grupo integrado por religiosos, abogados y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes urgió el viernes al gobierno de Barack Obama que “cumpla plenamente” el fallo emitido por una corte de California, en agosto, que ordena poner en libertad a niños y madres en centros familiares de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).
La postura fue en respuesta a la decisión del gobierno de no poner en libertad a cientos de niños y madres, y a cambio modificar las reglas y continuar con la privación de libertad de migrantes centroamericanos que huyen de sus países y buscan asilo en Estados Unidos.
“La política de detenciones familiares del gobierno continúa, es una bofetada al rostro de la autoridad judicial y los valores de nuestra nación”, dijo la coalición y exigió el cese inmediato de una práctica que tildaron de “abominable”.
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Se trata de un “encarcelamiento inhumano de madres y niños que huyen de la violencia y la persecución”, dijo el grupo integrado por la Red Católica Legal de Inmigración (CLINIC), el Consejo Americano de Inmigración, el Centro de Educación para Refugiados e Inmigrantes (RAICES), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y el CARA Family Detention Pro-Bono Project.
“Durante más de un año el gobierno ha hecho caso omiso del acuerdo judicial Flores versus Messe de 1997, que establece las normas mínimas vinculantes para la detención y el trato de los niños inmigrantes”, dijo el grupo. El acuerdo Flores de 1997 señala que el gobierno no puede detener a menores de edad en centros restrictivos.
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Durante el año fiscal 2015 la Patrulla Fronteriza detuvo casi a 40 mil niños migrantes no acompañados en la frontera.
El dictamen
El 24 de julio y el 21 de agosto la jueza Dolly Gee, que preside la Corte del Distrito Centro de California, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) poner en libertad a niños y mujeres detenidos en centros familiares habilitados en 2014 tras la crisis reconocida en junio del 2014 por la Casa Blanca, cuando iban más de 48,000 arrestos por parte de la Patrulla Fronteriza.
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A finales de septiembre la cifra superó los 68,000, la mayoría niños originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras.
El gobierno liberó a más del 95% de los detenidos con una orden para presentarse ante una corte y que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en el país. El resto fue entregado al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) y de ICE, en cumplimiento de una ley de 2008 que prohíbe la deportación inmediata de menores que no provengan de países vecinos (Canadá y México).
“Aunque el gobierno apeló esta decisión, no solicitó la suspensión de la orden. Por lo tanto, el fallo del tribunal se mantiene y al día de hoy los niños (y sus madres) deben ser liberados ‘sin demoras innecesarias’”, indicó el grupo.
Cifras inciertas
El Proyecto CARA indicó que aproximadamente 195 familias que representa permanecen confinados desde hace mas de 20 días en un centro de detención familiar en Texas. Agregó que el número de familias-clientes privados de libertad por más de cinco días “es aún mayor”.
“Estimamos que 507 familias que representa el Proyecto han sido detenidos por más de cinco días”, dijo y advirtió que las cifras sólo incluyen las unidades familiares representados por CARA, “por lo que el número de niños y madres detenidos en abierta violación al acuerdo Flores versus Meese es significativamente mayor”.
El viernes de la semana pasada en el centro de detención de ICE, en Dilley “había 1,658 personas”, dijo a Univision Noticias Víctor Nieblas, presidente de AILA.
Dilley, junto con el centro de Karnes City, se ubican en San Antonio, Texas. Un tercer centro en el ojo de la tormenta se encuentra en el condado Berks, Pensilvania.
El grupo que presiona al gobierno dijo además que el DHS
“no ha tomado las medidas necesarias para cumplir con la orden judicial” y denunció que el trato a los migrantes ha empeorado con el aumento tácticas para acelerar los procesos de remoción y coacciones “para que las madres acepten grilletes electrónicos en los tobillos sin que sus abogados se encuentren presentes”.
También denunciaron una “continua y deplorable atención medica”, e indicaron que la salud y el bienestar de miles de niños y sus madres “están en juego”.
La crisis de niños migrantes en 2014 tomó desprevenido al gobierno de Obama.
La postura oficial
A finales de agosto, tras el segundo fallo de la jueza Gee, el DHS respondió, a una pregunta de Univision Noticias, que “estamos en desacuerdo con la conclusión final de la corte” y que el dictamen no tubo en cuenta que el departamento procesa a familias en cumplimiento a una orden emitida por el Congreso.
Agregó que los centros familiares “siguen funcionando en consonancia con esta orden” y que evaluaría con el Departamento de Justicia las “opciones posibles”.
Univision Noticias pidió al DHS una actualización de su respuesta de agosto. Por medio de un correo electrónico dijo que El DHS dijo que estaba “trabajando diligentemente para cumplir con todos los aspectos de la orden del tribunal” y que el acuerdo judicial de 1997 “nos obliga a implementar nuevas políticas de detención”.
Agregó declaraciones del secretario Johnson quien recientemente dijo que “no estamos de acuerdo con partes del razonamiento jurídico en la decisión (de la jueza Gee) y hemos presentado una notificación de apelación”.
“Pero seguimos comprometidos con la reforma de nuestras políticas de los centros familiares tal y como lo hemos estado haciendo durante los últimos meses», indicó.
“Están muy herméticos en no querer dar ningún tipo de información. No hay transparencia”, dijo Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Me imagino que no quieren soltar a las familias y no quieren decir qué van a hacer con el fallo”.
El diario The Houston Chronicle dijo las autoridades de inmigración comenzaron a mover a los detenidos en los centros familiares para evitar permanencias de largo tiempo y con ello debilitar los argumentos esgrimidos por el tribunal.
El Centro de Educación y Servicios Jurídicos para Refugiados e Inmigrantes de San Antonio, Texas, cree que ICE quiere mostrar con este movimiento de familias migrantes se puso fin a la detención de largo plazo, una de las exigencias contenidas en el fallo de la jueza Gee.
Dedo en el renglón
“Nosotros vamos a seguir revisando el caso, revisando cómo se están desarrollando las situaciones en estos centros”, dijo Nieblas. “Cuando se requiera de representación legal vamos a tener a nuestros voluntarios. Y hasta que no se acabe por completo este esquema de detención, vamos a seguir ayudando a estas personas”.
“Habrá mucho ruido en los próximos días. El cierre de estos centros es la meta que nosotros tenemos”, agregó.
El jueves el estado de Texas aprobó una norma de emergencia que transforma las cárceles privadas (como los tres centros de detención de ICE en la mirilla) en centros de cuidado infantil, figura que restaría fuerza a la orden emitida por Gee. “Se trata de una manera creativa de cambiar la situación”, dijo Velásquez.
Human Rights Watch (HRW), a su vez, dijo a Univision Noticias que el trato que el gobierno federal brinda a los migrantes indocumentados que detiene en la frontera “empeoró en el último año”, y denunció que a diferencia de los procedimientos empleados en 2014, “ahora tiene la capacidad de detener a familias, niños centroamericanos en su mayoría”, dijo Clara Long, investigadora de Estados Unidos de la organización de derechos humanos.
“Hay mas detenciones y continúa la política de deportar rápidamente a la gente sin el respeto al debido proceso”, dijo Long. “Incluso a los centroamericanos que buscan asilo”.
Poco antes del segundo fallo de la jueza Gee, el Secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, dijo que pondría fin a las detención de largo plazo de inmigrantes, e instruyó a los agentes de ICE a llevar a cabo entrevistas con los inmigrantes detenidos en un tiempo razonable, acortar el periodo de detención de familias que soliciten refugio y que la agencia se asegure que madres y niños comparezcan en las cortes migratorias.
Centro de detención de la Patrulla Fronteriza en Texas.
Durante el año fiscal 2015 el número de niños migrantes no acompañados arrestados en la frontera alcanzó los 39,970 frente a los 68,541 arrestados en 2014, una disminución del 42%. Del total de detenidos, 13,589 son originarios de Guatemala, 11,012 de México, 9,389 de El salvador y 5,409de Honduras.